Cargos penales y acuerdos civiles por mal etiquetado y desvío de medicamentos recetados

El 19 de septiembre de 2024, un gran jurado federal en Puerto Rico acusó a 25 personas por conspiración para introducir medicamentos falsificados y defraudar al gobierno de EE. UU., mientras que otro individuo fue acusado de distribución mayorista no autorizada de medicamentos recetados. Desde 2018, los acusados habían distribuido medicamentos recetados mal etiquetados y desviados, vendiéndolos a empleados y propietarios de farmacias sin que los clientes supieran sobre su condición.

Los medicamentos eran vendidos sin etiquetas ni instrucciones adecuadas, creando un riesgo significativo para la salud. La conspiración generó más de $13 millones en ingresos ilegales. Además, 11 propietarios y empleados de farmacias fueron acusados de conspiración por fraude en atención médica, presentando reclamaciones falsas a planes de salud.

Entre los acusados se encuentran propietarios y empleados de farmacias en varias localidades, así como distribuidores no autorizados. En un caso separado, Jorge Rivera-Pérez fue acusado de usar su posición en una instalación médica para robar y revender medicamentos. Otro individuo, Eric Aquino-García, se declaró culpable de distribución mayorista no autorizada.

Las autoridades advirtieron que los acusados comprometieron la seguridad de los pacientes y causaron pérdidas significativas a programas como Medicare y Medicaid. Los acusados enfrentan penas de prisión que varían entre 5 y 20 años, dependiendo de los cargos. La investigación fue liderada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).